Los “falsos positivos” de Bukele: adolescentes acusados de pandilleros por un vídeo de 10 segundos

Irma Landaverde no se atrevió a plastificar los zapatos, doblar hacia dentro la ropa y guardar los perfumes y las sábanas de su hijo en la gaveta hasta octubre de 2024, ocho meses después de verlo por última vez. “No pensé que esto fuera a durar tanto”, dice. Esto que le desgarra nombrar es la detención de Gerson, de 14 años, por supuestas vinculaciones a la Mara Salvatrucha o MS-13 de El Salvador. Él es uno de los 10 menores detenidos que fueron víctimas de la guerra contra las pandillas a toda costa de Nayib Bukele, quien busca hacer de este un caso emblemático. Desde el día de San Valentín del año pasado, la habitación de Gerson se ha convertido en la sala de plegarias de su madre, que vive pidiéndole a dios que el olor a su hijo no se desprenda de sus camisetas, al menos hasta que salga del centro de menores. Al menos, hasta que se den cuenta de que es inocente.

La principal prueba del caso es un video de diez segundos grabado por Roberto, uno de los detenidos, que entonces tenía 15 años. En él, aparecen cuatro adolescentes en el patio de la escuela Héroes del 11 de enero, en Chalatenango, al norte del país, minutos después de que terminase la clase de educación física. Uno de ellos hace señas a la cámara -que la fiscalía tilda de gestos típicos de la MS13- y se ríe tímido. Otro, se tapa la cara, y los demás ni siquiera perciben que están siendo filmados. Según el testimonio de sus abogados, Roberto manda sin querer este video a un grupo de WhatsApp sin sonido y lo borra minutos más tarde. Pero alguien logró descargarlo, añadirle música que se asocia con las pandillas y subirlo a redes sociales. Horas después, era viral y abundaban los comentarios que pedían mano dura, penas altísimas e incluso la muerte. Los menores acusados tenían entre 12 y 17 años.

Ni Gerson, ni Roberto aparecían en el video, pero llevan más de un año encerrados en un centro de menores. Su caso, conocido como el de los niños de Chalatenango, se ha convertido en un símbolo de las sombras del estado de excepción que Bukele decretó en marzo de 2022, hace justamente tres años, en respuesta a una masacre de pandillas y por el que ha encarcelado a 84.000 personas y ha recibido un sinfín de críticas de los defensores de derechos humanos que han documentado detenciones arbitrarias, abuso policial y cerca de 300 muertes violentas en prisiones.

Tras más de dos semanas detenidos y una primera audiencia realizada el 7 de marzo, el Juzgado Segundo contra Crimen Organizado de San Salvador ordenó libertad a siete de estos adolescentes por falta de pruebas. Todos menos Gerson, Roberto y Guillermo; ellos siguieron el proceso de instrucción. La Fiscalía apeló y a finales de año se ordenó que los 10 fueran presentados en la audiencia final usando sólo pruebas documentales y testigos del ministerio público. Según exponen los abogados defensores, las suyas no fueron aceptadas a trámite. Aún así, lograron absolver a estos siete jóvenes de nuevo, y una condena de entre tres a cinco años de prisión y cinco de libertad condicional para los demás. “A la fecha, seguimos esperando el acta de sentencia para apelar en favor de ellos”, explica Jayme Magaña, abogada defensora, quien ya presentó el caso a la relatoría de detenciones arbitrarias y de niñez de la ONU.

Un caso ejemplarizante

La viralización de la grabación de los adolescentes de Chalatenango le dio legitimidad a un Gobierno obcecado en que la violencia del país sólo se subsana con mano dura. En las redes sociales, muchos comentarios condenaban a los jóvenes. Alguno pedía que los mandaran “al hotel que les hizo el tío Nayib Bukele”. Para principios de 2024, su Gobierno estaba enfrascado en una de las mayores crisis de los bitcoins que lo estaban dejando “muy mal parado”, según Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH). “Esta fue su cortina de humo”, . “Con esto mandan un mensaje de miedo a la gente y vuelven a poner en la agenda su política carcelaria. Así desvían el foco”.

El propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue especialmente vocal con este caso e incluso pidió 20 años de cárcel para los jóvenes antes de la audiencia preparatoria, sabiendo que la ley contempla un máximo de 10 para los menores acusados de asociación ilícita en pandillas. “No vamos a permitir que este cáncer vuelva a permear en nuestras comunidades y nuestros jóvenes para amenazar la paz y seguridad que le hemos devuelto a nuestra gente”, agregó en redes.

La foto de la detención de los niños de Chalatenango también ilustra las últimas reformas a la ley penal de la Asamblea Legislativa. Para Otto Flores y Jayme Magaña, abogados defensores, ellos son los “falsos positivos” de Bukele. Este término alude a los civiles colombianos que fueron presentados como bajas en combate durante el Gobierno de Álvaro Uribe, acusados de guerrilleros. “Bukele quiere llegar a los 120.000 detenidos, que es lo que él supone que hay entre mareros, pandilleros, familiares y colaboradores”, explica Magaña. “El Gobierno dio la orden de tener seis capturas diarias por delegación policial y desde el principio comenzaron en zonas de extrema pobreza, donde eran víctimas de las maras y ahora lo son del Gobierno. Está encerrando a población empobrecida”, insiste. “El régimen ha conseguido que ya no se requiera material probatorio”, zanja Flores.

El video fue la “prueba más sólida” en los tribunales. Tras requisar los celulares, no hallaron números de teléfonos de pandillas, ni fotos, ni chats incriminatorios. En el caso de Roberto, se extrajo como prueba una camiseta roja de la firma italiana MSGM. Las dos primeras letras bastaron para vincularlo a la MS13. En otros casos fue suficiente con tener el número 13 en sus cuentas de Instagram o encontrar conversaciones en las que se llamaban “perro” o “maje” a otros amigos. “¿Acaso es eso gran cosa? Dígame usted”, pregunta la abuela de Roberto, Maria Adela Alfaro, de 83 años. “A lo mejor estoy equivocada pero, ¿cómo me lo tienen preso un año por eso?”. El Ministerio de Seguridad no respondió a las preguntas de este medio.

Una brigada de mamás

La detención de estos compañeros fue un parteaguas en el colegio. Desde que toda la clase vio cómo se llevaban a algunos de sus amigos, varias mamás decidieron dejar de mandarlos. Otras, como la madre de uno de los niños liberados, llevan un año turnándose para vigilar los pasillos de la escuela para que no entre ningún policía. “Ellos nos dan miedo ahora”, dice una de ellas. La creación de una brigada de mamás convirtió la resistencia en una acción colectiva. “Los dejaron pasivos, mi hijo está muerto de miedo, pero nosotras no podemos seguir permitiendo que se nos los lleven”, dice otra de las guardianas.

A Guillermo lo sacaron de la cama a las 6 de la mañana. A Roberto se lo llevaron del colegio. A Gerson lo mandaron a llamar desde la cancha de fútbol de su municipio después de que una decena de uniformados entrara a la fuerza a su casa. En algunos casos, sus madres no estaban. Y en otros, se vieron obligadas a obedecer a quienes les prometieron que sólo querían hacerles unas preguntas y que terminaron encerrándolos. Para Magaña, la raíz del problema es que se ha llevado el caso con una mirada adultocentrista. “Analizaron el vídeo sin comprender el contexto del día a día de las relaciones entre los niños y su forma de bromear o jugar”, dice. “No podemos analizar una acción sin comprender lo que sucede en el contexto del momento, pero fue lo que fiscalía hizo”.

No discernir entre adultos y menores está en el corazón de las numerosas reformas de las leyes penales durante el mandato de Bukele. Las modificaciones a la Ley Penitenciaria, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra el Crimen Organizado han recrudecido las condenas y han alejado la reinserción del fin último de la cárcel. Desde febrero, en el país centroamericano se permite el traslado de adolescentes detenidos o condenados por delitos de crimen organizado a centros penitenciarios para adultos. Además, se ha eliminado el acceso a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional, ya sean menores o adultos. De acuerdo a Human Rights Watch, hasta diciembre de 2023, al menos 3.319 menores habían sido encerrados durante el estado de excepción.

Amnistía Internacional ha criticado que esto socava la posibilidad de resocialización y vulnera el derecho internacional por el que los niños deben recibir un trato diferenciado y orientado a la rehabilitación, no a la simple reclusión punitiva. Unicef lo tildó como un “retroceso importante” y advirtió en un comunicado conjunto sus preocupaciones al respecto.

Escobar, de SJH, insiste en que, aunque alguno de los menores de Chalatenango estuviera vinculado a una pandilla, la respuesta debería ser diferente. “El poder punitivo de todo un Estado no puede irse en contra del niño. No se nos puede olvidar que son niños. ¿Con qué finalidad se pretende meterlos en cárceles de adultos? ¿Llevarlos a una escuela de criminales?”, se pregunta. El abogado Flores también considera esta una opción peligrosa y una forma de instrumentalización para ganar popularidad: “No existen criterios técnicos ni morales para exponerlos a violencias y violaciones junto a adultos en centros penales”.

La posibilidad de que sus hijos acaben en la megarcárcel de Bukele del CECOT es un miedo que fue desbloqueado para las madres mucho antes de que se aprobara la reforma. Para las matriarcas entrevistadas, no es ningún secreto que en los centros de menores en los que viven ahora sus hijos hay jóvenes que cumplieron la mayoría de edad y siguen dentro. Ana Daisy Chávez Guevara, de 35 años, empezó a tener pesadillas con esto cuando uno de los jueces del caso le comunicó que intentaron violar en el centro de menores a su hijo Guillermo. “Esto es una tortura, ¿quién me lo está cuidando?”, exclama.

El síndrome de los niños del régimen

A Chávez Guevara no le ha desaparecido el hueco en el estómago del día en que “se lo llevaron”. La dinámica de toda la familia ha cambiado y la habitación de Guillermo sigue intacta, con los cuadernos y los rotuladores guardados en un cajón. Ella no es la única a la que se le ha descuadrado el sueño. Su hijo menor, de seis años, tampoco duerme bien. “Se me ha vuelto bien hiperactivo, lo busca por todos lados. Y cuando regresamos de algún lugar, espera que regresemos con él. Nos pregunta que por qué no lo traemos... Yo ya no sé ni qué decirle, ¿cuánto le voy a seguir mintiendo?”, se cuestiona desde el salón de su casa.

Para Pamela Rodríguez, psicóloga del SJH, estos daños colaterales son la norma en detenciones abitrarias o violentas, sobre todo cuando los menores lo presencian. Ella lo ha catalogado como el síndrome de los niños del régimen: “Es una modalidad dentro del trastorno post traumático. Al estar detenidos sin poder verlos ni saber si están vivos ni cuándo saldrán, se manifiesta en el cuerpo como si tuvieran un familiar desaparecido. Muchos desarrollan un sentimiento de persecución, pesadillas, insomnio y cambios drásticos en la personalidad. Pero la constante es el permanente estado de alerta por miedo a ser los siguientes”. A pesar de que en estos procesos se recomienda acompañamiento psicológico, la mayoría de las familias afectadas por el régimen no pueden permitírselo.

Ni Ana, ni Irma, ni María Adela sienten rabia. Siguen asustadas con lo que es capaz de hacer con sus hijos un Estado que encierra sin preguntar, que encarcela a dedo. La fuerza para seguir llevándoles mudas y comida al centro de menores la sacan de la ausencia; del vacío en la casa y de contarlos a todos antes de salir y que siempre falte uno. Ya asumieron que esto que tanto desgarraba a Irma va para largo. Que si la justicia no la logran en El Salvador, esperarán las medidas cautelares de la ONU. Pero que van a volver. Y cuando Gerson entre en casa, Irma desplastificará los zapatos y la ropa para que se impregne de nuevo del olor de su niño. Aunque haya vivido cosas de hombre.